Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): ¿Y los Derechos Humanos qué?

Noticias recientes que relacionaban empresas hondureñas con violaciones de Derechos Humanos han cuestionado los Mecanismos de Desarrollo Limpio, de los que estas se beneficiaban.

Giorgio Trucchi, colaborador de ALBA SUD, analiza a partir de estos hechos las contradicciones de estos instrumentos.

La decisión de EDF Trading, subsidiaria en Londres de la sociedad anónima francesa de capital público EDF SA e integrante del coloso energético EDF Group, de rescindir un contrato comercial de 2.8 millones de dólares conExportadora del Atlántico S.A.(Grupo Dinant), para la compra de créditos de carbono en el Bajo Aguán, Honduras, senta un importante precedente. Organizaciones internacionales especializadas en la investigación de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y en políticas relacionadas con el mercado del carbono, exigieron que los derechos humanos sean un elemento fundamental para la aprobación de estos proyectos, manifestando la necesidad de revisar el esquema de compensación establecido bajo el Protocolo de Kyoto. leer todo...

Qué se vende en Honduras?

http://hondurasalaventa.blogspot.com/

Pronunciamiento Publico ante Honduras Abierta para los Negocios

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Las organizaciones suscriptoras de este documento, ante la implementación del evento ¨HONDURAS ABIERTA PARA LOS NEGOCIOS¨ el 05 y 06 de mayo del año en curso en el marco de la VISIÓN DE PAIS, PLAN DE NACIÓN, se pronuncia ante la opinión pública nacional e internacional en los siguientes términos:

1. El régimen ilegítimo del Sr. Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, ha iniciado a pasos acelerados la aprobación de una serie de leyes que establecen el marco jurídico-político para poner a la venta al país al mejor postor, favoreciendo la inversión privada internacional en Honduras, sin importar la soberanía nacional, la vida, la dignidad y los derechos del pueblo hondureño, sino asegurando únicamente los grandes negocios para los empresarios locales y extranjeros.

2. Entre las más nefastas leyes aprobadas oficialmente por el régimen continuador del golpe de Estado hasta el momento con el objeto de echar andar este Plan se encuentran las siguientes:

· Establecimiento de una Visión de País, y adopción de un Plan de Nación para Honduras

· Promoción y Protección de la Inversión Público-Privada

· Generación de Empleo Rural y Zonas Urbano-Marginales

· Empleo Temporal

· Ley Antiterrorista

· Incentivo a la Participación Ciudadana para el fortalecimiento de la Educación Pública

3. El despojo, concesionamiento y privatización total de nuestros recursos naturales tales como el territorio, el agua, los minerales, el bosque, y el espectro radioeléctrico se encuentran entre los negocios más estratégicos y rentables que promueve el régimen en el marco de la Visión de País y Plan de Nación y el paquete de leyes adjuntas. Para este propósito la empresa privada y el régimen cuentan con un mapeo digitalizado y actualizado de los recursos naturales en todo el territorio nacional y las potencialidades para la inversión privada local e internacional.

4. Para la implementación del despojo de nuestros recursos naturales se ha decretado la expropiación forzosa de los territorios y bienes de particulares adyacentes a las áreas objeto de expropiación de forma expedita e inmediata sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza, con lo que no solo se afecta y violenta la propiedad y tenencia de los bienes de las personas, sino además se destruye la construcción social de la vida de las comunidades que a lo largo de muchos años se ha venido desarrollando desde la lógica del interés comunitario en contraposición a la lógica de las leyes del mercado.

5. La falsas ofertas de atracción de inversión privada para asegurar mayores oportunidades de empleo para la población, especialmente la juventud, mayor generación de ingresos para la economía familiar y la mejora sustantiva de los niveles de competitividad nacional en el contexto de la globalización son los principales argumentos con los que los empresarios intentan conseguir el aval de la ciudadanía para la privatización y despojo de nuestros recursos naturales y sociales en el marco del la implementación de la Visión de País Plan de Nación.

6. La nueva venta que se está promoviendo del país cuenta con la bendición de las cúpulas eclesiales, la cooperación internacional y el visto bueno de algunos líderes sindicales y sociales que maliciosamente consideran como una gran oportunidad para Honduras atraer la inversión extranjera y con base a ello asegurar el desarrollo y bienestar nacional, con lo que se evidencia su falta de patriotismo y dignidad, su servilismo y oportunismo mezquino al prestarse al juego de los grupos de poder locales para hipotecar la soberanía nacional y con ello condenar al pueblo hondureño a su crucifixión total sin esperanza de resurrección.

7. La feria ¨HONDURAS ABIERTA PARA LOS NEGOCIOS¨ constituye uno de los eventos mas cínicos y descarados en el que se pone el país a la venta al mejor postor y con ello se concreta la entrega total de nuestros recursos naturales y territorio a inversionistas extranjeros.

8. Para la concreción de estos oscuros negocios y la entrega de la soberanía nacional al vaivén de los intereses del capital extranjero, el régimen continuador del golpe de estado encabezado por Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández han aprobado la iniciativa de las ¨Ciudades Modelos¨ y han concesionado los megaproyectos hidroeléctricos como el Jicatuyo, Los Llanitos, Patuca I, Patuca II, Patuca III y el complejo energético del Aguán a empresarios extranjeros, y han otorgado licencias ambientales y permisos de explotación y operación a inversionistas locales para medianos y pequeños proyectos de producción de energía renovable en casi todos los departamentos del país, con la única finalidad de obtener cuantiosas ganancias a costa de nuestros recursos naturales.

9. Con la ley de estímulo a la inversión Público-Privada el régimen esta entregando prácticamente a la inversión privada las responsabilidades que corresponden al Estado como condición que asegure no solo la soberanía nacional sino el carácter social que debe mantener ciertas áreas, rubros, políticas y programas en función de garantizar los derechos y la dignidad del pueblo hondureño, condenándolo a merced de las leyes del mercado.

10. Al mismo tiempo para servir en bandeja de plata el país al capital internacional, el régimen no solo crea el marco jurídico-político favorable, sino que además establece marcos regulatorios que ofrecen mano de obra barata y bajo condiciones de total flexibilidad y vulnerabilidad que solo beneficia al sector empresarial en desmedro de los derechos y conquistas laborales y sociales que a costa de muchos años de lucha ha obtenido la clase trabajadora y el pueblo hondureño en general.

11. Como organizaciones sociales, populares no estamos en contra de la inversión privada local y extranjera, de la generación de oportunidades de empleo, de la mejora de la economía familiar y la competitividad del país, sino de las condiciones de sometimiento a las leyes del mercado motivadas únicamente por la finalidad de la ganancia o del lucro a favor de los empresarios. Estamos de acuerdo con la inversión de capital que contribuye a la dignificación de la vida en todas sus manifestaciones y no la que atenta contra la vida, empobrece más a la población y destruye los recursos naturales.

12. Nuestra concepción del desarrollo no se limita exclusivamente como condición determinante a la magnitud de los recursos de la inversión extranjera, sino que mas bien a la justa distribución de la riqueza en función de la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población relacionadas a la educación, la salud, la vivienda, y el empleo digno, así como al respeto de la soberanía nacional y la explotación racional y sostenible de los recursos naturales en aras de la dignificación de la vida en todas sus expresiones. En el país ya hemos tenido experiencias de modelos de desarrollo basados en la inversión de capital extranjero que no necesariamente han generado desarrollo sino mayor pobreza en gran parte de la población y mayor concentración de la riqueza por la otra en pocas manos, por ejemplo cuando la llegada de las compañías mineras, luego bananeras, y mas recientemente las maquilas, las cuales no solo no han generado empleo digno, sino que además han violentado los derechos y conquistas laborales y sociales de la clase trabajadora, y por otro lado tampoco han desarrollado las capacidades competitivas del país para su inserción en el mercado internacional.

13. Los empresarios y el régimen de Pepe Lobo también intentan vender el país desconociendo intencionalmente la ruptura del orden constitucional, la crisis política de ello derivada, la criminalidad e inseguridad ocasionada por la operación del crimen organizado, la conflictividad social imperante actualmente y el reconocimiento de las demandas del movimiento social en resistencia en función del llamado a una asamblea nacional constituyente y la refundación nacional que plantea una ruta alterna al modelo empresarial para el desarrollo del país.

14. Por ello frente a la desmedida voracidad de los grupos empresariales locales y extranjeros en contubernio con el régimen de Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández expresado abiertamente en la Visión de País Plan de Nación y el conjunto de leyes conexas, hacemos un llamado a las organizaciones populares y al pueblo hondureño en general a alertar a las comunidades en todo el país sobre este proyecto de dominación y sometimiento total que nos quieren imponer, así como a emprender las acciones de denuncia y movilización necesarias para contrarrestar las estrategias antipopulares, antinacionales y vende patria de la oligarquía local en alianza con el régimen, las cúpulas eclesiales y algunos lideres gremiales y sociales que se han prestado a los intereses y maniobras de los grupos de poder en detrimento de la soberanía nacional, los derechos y la dignidad del pueblo hondureño.

¡LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS NO SE VENDE,

NO SE PRESTA, NI SE ALQUILA!

¡HONDURAS ABIERTA A LA HERMANDAD, LA AMISTAD

Y LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS!

Foro Social Valle de Sula (FSVS)

Mesa de Incidencia para la Gestión del Riesgo (MIGR)

Red Regional de Comisiones de Transparencia Valle de Sula (RRCCT-VS)

Patronato Regional de Occidente (PRO)

Asociación Regional de Comunidades Organizadas (ARCO)

Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)

Regional Santa Bárbara

Movimiento de Mujeres de la Colonia López Arellano (MOMUCLAA)

Community Organizations International

(ACORN International en Honduras)

Asociación de Estudiantes de Sociología UNAH-VS (AES)

Honduras: de “República Bananera” a “República Palmera”

Luis Aguilar

Recientemente se ha desatado un escándalo internacional en torno a una serie de paquetes financieros que el conocido terrateniente hondureño Miguel Facussé esta gestionando con diferentes instituciones púbicas y privadas a nivel mundial. El monto llega a varias decenas de millones de dólares (1), pero en realidad se desconoce la magnitud de los proyectos que, a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Naciones Unidas, (2) se otorga a la beneficiaria Corporación Dinant con el propósito de contrarrestar el impacto de las emisiones de carbono mayormente producidas en el norte industrial, uno de los grandes proyectos dentro del marco del protocolo de Kioto, criticado por vender el derecho a contaminar sin combatir el problema de real.

Debido a las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguan, algunas de estas instituciones han anunciado el termino de estos proyectos como el caso de la financiera alemana DEG o el gigante energético europeo Electricité de France S. A. (EDF), constituyendo un golpe al proyecto de expansión de Palma Africana de Miguel Facussé. Pero aun falta ver la capacidad de cabildeo de la resistencia internacional para convencer al Banco Mundial, al BID y al gobierno británico entre otros para detener estos proyectos, este ultimo respondió un llamado de varias organizaciones expresando que aun necesita “evaluar si acciones ulteriores por parte del gobierno británico serian apropiadas” en una carta de Abril de 2011 mientras el MDL se reunía en Bangkok.

Pero ¿Qué hay detrás de todo esto? Más allá de las violaciones a los derechos humanos ¿En primer lugar, por qué seria ecológicamente amigable invertir en un proyecto de Palma Africana en Honduras? ¿Cómo se relaciona la injusticia al cultivo de la Palma?

Los proyectos de biomasa no solo producen energía que sigue siendo contaminante, como los bio-carburantes, sino que para producir esa biomasa se usan tierras de gran fertilidad en lugar de ser empleadas para producir alimentos en el contexto de la crisis alimentaria que ha repuntado de nuevo este año, y de la cual occidente principalmente culpa a China por el aumento en su consumo de carnes.

En medio de la crisis de Dinant la prensa local hondureña citó a Miguel Facussé promoviendo la idea que “necesitamos sembrar más palma para combatir la crisis petrolera” y sugiriendo que Honduras tendría que aumentar a unas 300,000 a 500,000 hectáreas su área de producción de Palma Africana en los próximos años. Actualmente existen alrededor de 90,000 hectáreas. En realidad los prestamos en el marco del MDL están sirviendo para financiar esa expansión, al mismo tiempo que el aparato mediático internacional repite que los biocombustibles son una fuente de energía ecológica o “verde”, insistiendo en lo que muchas organizaciones ambientalistas llaman “falsas soluciones” al cambio climático ya que no reducen las emisiones totales de CO2 de los países industrializados.

Por otro lado, los grandes ganadores de la crisis financiera de 2008 fueron los especuladores de alimentos (Financieras de Wall Street) y las corporaciones agroalimentarias (Cargill, Monsanto etc.) que comenzaron a especular con “commodities” en cantidades nunca vistas (3), subiendo a más de 900 millones la cifra de personas que viven con hambre en el mundo. Mientras los funcionarios de la FAO a nivel mundial se dedican a pronunciar verdades incompletas y siempre pronuncian la palabra China en sus primeras oraciones. Poco se habla de cómo la soberanía alimentaria de los países del sur se ve más amenazada por la retención de las exportaciones de granos desde Norteamérica y Europa Occidental que usan ahora para producir bio-carburantes, cuando ya se había creado la dependencia debido a los cuestionados subsidios, y en gran parte también por la falta de acceso a los medios de producción por parte de los hambrientos del mundo que en su mayoría son habitantes rurales.

En Honduras, el Cultivo de Palma Africana, se remonta a los años 70’s cuando las cooperativas de la Reforma Agraria se formaron y después de pocos meses dejaron el cultivo de granos básicos para producir Palma y su subproducto aceite, entrando en una dinámica de agro-exportación, ingreso de divisas y economía de mercado. El auge de la Palma contribuyó a la formación de grandes empresas conformadas a su vez por cooperativas de primero y segundo grado como Coapalma y Hondupalma.

Lo que se tiende a obviar en el proceso de Reforma Agraria es que ese cambio fue impuesto, primeramente por los técnicos de la FAO dirigidos por Clodomir Santos de Morais, y muy probablemente por los técnicos economistas de USAID en las formulaciones de los proyectos principales y periféricos, en un momento que el gobierno gozaba de gran popularidad por su estructurado plan de desarrollo en el que la Reforma Agraria tenía no solo un rol central sino que era observada con admiración por la totalidad de la opinión pública hondureña. Nadie iba a cuestionar que los préstamos para introducir la Palma Africana provenían del Banco Interamericano de Desarrollo y otras agencias internacionales que en aquel momento gozarían de mayor prestigio, sobre todo entre los teóricos del paradigma estructuralista quienes probablemente miraban este proceso como apoyo al modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

Los técnicos del INA justifican la introducción de la Palma con situaciones climáticas y de adaptación del cultivar a las condiciones de la costa norte de Honduras en general. Pero aun hoy en día encontramos proyectos de desarrollo implementados por subsidiarias de USAID como Technoserve para el apoyo al sector palmero de cooperativas conformadas en el Bajo Aguan. También aun hoy en día, se usan los mismos postulados para defender el cultivo de la Palma y se obliga a las nuevas Empresas Asociativas Campesinas ( ya no se promueve el cooperativismo) a plantar Palma Africana como garantía de pago por la recuperación de las tierras por parte del INA, como sugerido por la Ley de Modernización del Sector Agrícola de 1992.

Esto nos dice que si bien la Reforma Agraria era un derecho que se le concedió a Honduras para desmovilizar movimientos armados para la liberación nacional, este no iba a ser manejado de una manera completamente soberana y la Palma, fuente de riqueza campesina, también representaba una vía para balancear el acceso a aceites ricos en energía al norte industrial, que en ese momento promovía proyectos palmeros en varios países del sur, sobre todo en América Latina, África Occidental y Malasia e Indonesia en el Sudeste asiático. Las instituciones de desarrollo internacional tienen una larga trayectoria en imponer o privilegiar a los cultivos de agro-exportación o externo (cash crops), por sobre los cultivos para consumo familiar o interno (food crops) para así proveer de materias primas baratas y procesarlas en mercancías mucho más caras que a su vez exportan al sur global, como el Chocolate. Cuando estas materias primas suben de precio las alarmas de la cooperación internacional suenan e introducen en algunos países proyectos millonarios para convertir a Honduras, por poner un ejemplo, en el principal productor de Cacao de América Central, o a Vietnam, en el principal productor de Café del Sudeste asiático etc y así prevenir que los precios se disparen demasiado.

Siguiendo con la Palma, en los años 60s en Colombia, cerca de 18,000 hectáreas de Palma Africana fueron plantadas. Hoy Colombia se ha convertido en el primer productor de Palma del continente Americano, y ahora 35% de su producto se exporta como bio-combustible. En 2006, la Federación de Productores de Palma, FEDEPALMA, reportó que el cultivo de la palma africana se estaba expandiendo a un millón de hectáreas. Esta expansión ha sido financiada, en parte, por la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) (4).

Por otra parte, el gobierno de Barak Obama acaba de nombrar a una especialista en bio-combustibles como embajadora de ese país para Honduras, Lisa Kubiske, una especialista en ciencia, agricultura y negocios; Kubiske fue condecorada con el Honor Superior del Departamento de Estado por sus esfuerzos en el sector de la cooperación en bio-combustibles entre los Estados Unidos y Brasil. Annie Bird, explica en un reciente artículo como extrañamente se nombra una embajadora sin experiencia previa en ese puesto para un país en conflicto central como es Honduras y su relación con el plan agro-energético.

Una alternativa al monocultivo

Para ilustrar lo anteriormente discutido analizamos el caso de el grupo de mujeres “10 de Junio” del Jardín Clonal, en San Juan Pueblo, formado por 5 EACPs (Empresa Asociativa Campesina de Producción) con un total de 53 familias. El grupo, muy citado incluso a nivel internacional, se encuentra en la actualidad en un dilema entre seguir diversificando su producción agrícola que se compone de hortalizas de patio, legumbres y tubérculos, granos básicos y ganadería vacuna sin tener posesión legal sobre las tierras, o aceptar un préstamo de alrededor de un millón de lempiras opción que el INA les da como requisito para otorgar la titulación de las tierras (69 has) ya que éste les sirve como garantía de pago; los fondos servirían para plantar la totalidad del área que les pertenece con Palma Africana. Los técnicos del INA de la región de Atlántida dicen que solo con Palma Africana podrá el grupo pagar las tierras recuperadas en el marco del decreto 18-2008 (que ahora se encuentra derogado). Sin embargo, ha surgido una discusión al interno del grupo; hay varias miembros que no ven con buenos ojos sembrar más palma, ya que en las casi 70 hectáreas viven al menos 300 personas y es más conveniente para su sobrevivencia sembrar productos de consumo familiar y vivir de lo que les provee la agricultura diversificada en lugar de comprar productos en el mercado con dinero efectivo. Doña Elia Román ilustra lo que el INA les está sugiriendo “Los técnicos del INA vinieron aquí a decir que tenemos que sembrar toda la tierra con Palma, pero yo le digo al grupo que si vamos a aceptar ese dinero será para comprar más tierra y no para sembrar Palma aquí, en este pedacito que tenemos, porque la Palma nos va a afectar y nos vamos a quedar sin nuestros alimentos. Ellos dicen que con la Palma vamos a poder pagar la tierra al gobierno y que si seguimos con granos y tubérculos no vamos a poder pagar y vamos a perder las tierras”.

En realidad, para el grupo, los ingresos de la Palma serian muy bajos para lograr una canasta básica. Esto lo saben porque ya cultivan 10 hectáreas de Palma Africana, que también fue sugerida hace más de 5 años por el INA, y los ingresos que de las cosechas han obtenido no son suficientes. Para cubrir las necesidades de una familia rural se necesitan al menos 14 manzanas de Palma Africana (5) y se sabe que son suficientes 5 manzanas de agricultura diversificada para el mismo fin, sin contar con el factor de la fluctuación de precios del fruto y del aceite de la palma que lo dicta el mercado internacional o las amenazas de plagas que azotan más fuertemente al monocultivo que a los cultivos tradicionales por estar en ecosistema diversificado.

Este es uno de los raros casos en donde se puede observar de manera real una pequeña batalla entre el monocultivo propuesto por el mundo corporativo (que en este caso usa al INA como promotor), el nuevo actor representado por el mundo de los créditos de carbono, y la agricultura basada en sistemas campesinos diversificados, que los científicos de la resistencia mundial han podido conceptualizar durante el último quinquenio con el a veces abstracto nombre de Soberanía Alimentaria.

En este contexto, la institucionalidad cubana de la década de los 80s descubrió a tiempo que el monocultivo del azúcar había causado un gran problema para la economía de esa nación caribeña, un problema que se hizo más evidente durante el periodo especial de los años 90s. Desde entonces, la nación se vio inmersa en una era de cambios estructurales sin precedentes, reubicando y actualizando a todos los trabajadores agropecuarios, pero sobre todo en la destrucción de un paradigma de desarrollo a sustituir por uno nuevo, hacia la conversión, que continua hasta hoy, a un sistema de producción basado en los principios de la agro-ecología, de la diversificación, de la potenciación de los recursos locales, de la autosuficiencia y del uso de los conocimientos campesinos ancestrales. Para ello, todo el aparato estatal, y sobre todo, los centros de investigación científica, de la formación vocacional rural y la educación media y universitaria del sector, están viviendo una transformación radical (6).

Queda así al descubierto cómo la lucha por la tierra en Honduras, y la catástrofe humana que conlleva, se encuentra en un marco estructural mucho más complejo de lo que pensábamos, en donde la imposición del cultivo de Palma Africana representa un anzuelo para después, el pez, ser ingerido por la voracidad del capitalismo salvaje y se coloca muy lejos de representar cualquier solución válida.

El ejemplo cubano, también conocido como la última reforma agraria del siglo XXI, es el único que en la actualidad se puede citar como soberano a nivel mundial y aunque aun hoy no puede prescindir de las importaciones estratégicas de alimentos; éste ha proporcionado un camino claro y decisivo hacia sistemas alimentarios que brindan justicia a la sociedad. En Honduras, existe actualmente un retroceso en ese camino, en donde la Palma Africana nos lleva un callejón sin salida, lleno de violencia y otras injusticias.



Notas

(1) En US$; Banco Mundial 15 millones, BID 7 millones, DEG 20 millones, EDF 20 millones y el Gobierno Británico 30 millones.
(2) UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change - Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático
(3) Telesur, Mesa Redonda, Jueves 21 de abril de 2011. UNAM / Food Rebellions, Erik Holt Gimenez y Raj Patel, Food First Institute, Oakland, California, 2009.
(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_oil
(5) Conversaciones en el Instituto Nacional Agrario.
(6) Agricultura Sostenible y Resistencia; Transformando la Producción de Alimentos en Cuba. Fernando Funes, Luis Garcia, Martin Bourque, Nilda Perez y Peter Rosset. Co-publicado por Food First Books, Asociación Cubana de Extensionistas Agrícolas y Forestales, Centro para el Estudio de la Agricultura Sostenible de la Universidad Nacional Agraria de La Habana (UNAH).

www.resistenciahonduras.net/

Arriba las palmas para Honduras

La palma es uno de los dos cultivos más rentables de Honduras. Se cotiza a un valor de más de $210 por tonelada métrica (TM). La rentabilidad ronda el 300% a un costo estimado de producción de más de $2.000 por manzana.

Manuel Vega PARA EF

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Naciones Unidas bajo presión de denunciar abusos de derechos humanos en el esquema de compensación de carbono

Bruselas, CDM Watch y FIAN Internacional, 18 de abril de 2011. La Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas ha fallado en responder hasta la fecha sobre las violaciones de los derechos humanos vinculados a un proyecto de compensación de carbono en Honduras que se encuentra en trámite de registro. Grupos ambientales y de derechos humanos están ahora exigiendo que el proyecto no reciba financiación bajo el esquema de compensación. También piden una revisión del esquema para sacar proyectos de la lista de proyectos registrados que violen derechos humanos.

Antecedentes: El proyecto bajo cuestionamiento ha solicitado financiación en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), un esquema de compensación establecido bajo el Protocolo de Kioto de las Naciones Unidas. El proyecto está localizado en la región del Bajo Aguán en Honduras y tiene la intención de reducir emisiones de efecto invernadero mediante la recuperación de biogás a partir de las emisiones de metano y la sustitución de combustibles fósiles utilizados para la generación de calor en un molino de una plantación de aceite de palma de la filial del Grupo Dinant Exportadora del Atlántico. Se trata de un proyecto relativamente pequeño dentro del MDL y se prevé que reduzca alrededor de 23.000 toneladas de dióxido de carbono anualmente que podrían generar alrededor de 2,8 millones de dólares estadounidenses durante el período de febrero 2010 hasta 01 2017. leer todo>>>

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articulo relacionado:

Honduras - Con Eva Filzmoser de CDM Watch
"Se están sentando precedentes en cuanto a la violación de los derechos humanos"
Coloso energético francés rescinde contrato con empresa de Miguel Facussé

Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA

80 millones dejó de percibir el Estado con dispensas ilegales otorgadas a empresas mineras

http://www.revistazo.biz/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2046%3A80-millones-dejo-de-percibir-el-estado-con-dispensas-ilegales-otorgadas-a-empresas-mineras-&catid=19%3Aproyectos&Itemid=19

08 April 2011

Más de 80 millones de lempiras (unos 420 mil dólares) dejó de percibir el Estado por las exoneraciones de impuestos otorgadas a las empresas mineras Entremares, Agregados del Caribe, Minerales de Occidente, Euro-canteras, American Pacific y Cerros del Sur, entre otras, las que amparadas en la ilegalidad, evadieron el fisco hondureño. La cantidad de dinero que dejó de ingresar a las arcas del Estado, al exonerar a empresas que importaron maquinaria y sustancias químicas para la explotación minera, pudo haberse invertido en la compra de medicamentos para los hospitales, o en la reparación de las escuelas del interior del país. De acuerdo al titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), José Oswaldo Guillén, durante los años 2006 y 2007, la Secretaría de Finanzas autorizó más de cien dispensas de impuestos, a las empresas mineras, irregularidades que fueron detectadas por el actual ministro, William Chong Wong. Al respecto, se informó que la Procuraduría General de la República, PGR, interpuso 87 demandas en contra de seis mineras que precisamente se acogieron a una exoneración, amparadas en un artículo de la Ley de Minería que había sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia –CSJ-. En las demandas se solicita que se reconozca el pago de los tributos, se retribuya cierta cantidad de dinero en intereses por el daño patrimonial al Estado. En la exención a las mineras se sindica como responsables a Roberto Elvir, ex director de la Dirección de Fomento a la Minería –Defomin-, quien habría firmado los dictámenes a favor de las exoneraciones. Allan Pineda, ex secretario general de Finanzas, también será investigado, ya que se habría sido quien firmó las dispensas. Cabe mencionar que los distintos gobiernos nacionalistas y liberales desde que se implantó el modelo neoliberal en la década de los noventa, con el fin de atraer la inversión extranjera, sin importar el costo que el pueblo tenga que pagar, se han implementado regímenes especiales para permitirle al empresariado realizar acciones de importación y exportación sin pagar aranceles. Honduras en un país con ocho millones de habitantes; el 80 por ciento de la población vive en la pobreza y extrema pobreza, sin embargo sus sistemas de salud y de educación se encuentran al borde del colapso. El dinero que el Estado deja de percibir por las exoneraciones fiscales podrían generar recursos suficientes para la compra de medicamentos, material didáctico y la contratación del personal necesario. Desde diversos sectores la sociedad hondureña se ha manifestado en contra de las exoneraciones fiscales. No obstante, por intereses personales de los diputados que en su mayoría han pertenecido a los partidos tradicionales, en el Congreso Nacional se siguen aprobando leyes en perjuicio de la población y para favorecer a un pequeño, pero poderoso sector del empresariado.

HONDURAS, Conflicto minero se prolonga

Alejandro F. Ludeña desde Tegucigalpa
Jueves 31 de Marzo de 2011

Más de 60 pobladores del céntrico valle de Siria, quienes se encuentran con altas concentraciones de plomo, arsénico y cianuro en su sangre, continúan a la espera de un dictamen oficial sobre los efectos que el agua contaminada de una mina de oro pudiera haber provocado en sus organismos.

Hace más de tres años que las autoridades sanitarias hondureñas tomaron muestras de laboratorios que fueron enviadas para su estudio a Colombia, pero se niegan a entregar resultados por escrito de las evidencias encontradas.

Entre tanto, Honduras sigue en espera de una ley de minería que, tras años de estancamiento y limbo jurídico, termine de abrir las puertas a la inversión privada, tal como esperan las multinacionales, o establezca mayores controles ambientales, como lo solicita un amplio sector de la ciudadanía.

Oro que contamina
Tras el paso del huracán Mitch en 1998, Honduras abrió sus puertas a las multinacionales, hasta el punto de que hoyAñada un evento para hoy un tercio de su territorio está concesionado a empresas mineras, con un total de 157 licencias de explotación.

Una de las concesiones más significativas es la mina de oro San Martín que se entregó el año 2000 a Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, la tercera mayor productora de oro en el mundo. Pronto nació la oposición a la minera ante las serias sospechas de que la misma era altamente contaminante y dañina para los pobladores de los municipios de San Ignacio, Cedros y El Porvenir, que se extienden en el valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán.

Su caso se convirtió en un paradigma de los problemas que la extracción minera a cielo abierto causa a la salud de la población. De acuerdo con denuncias del Comité Ambientalista del Valle de Siria, el agua contaminada del perímetro de la mina ha penetrado a las quebradas que son usadas para consumo doméstico y agrícola.

Roger Escober vicepresidente del comité, declaró a Noticias Aliadas que “los tajos abiertos [auríferos] de Palo Alto y La Rosa derraman aguas con drenajes ácidos, que terminan llegando al consumo humano, pero la Fiscalía no ha hecho nada”.

Y es que tras el golpe de Estado de junio del 2009, dice Escober, “hemos perdido la confianza en la Fiscalía que, a pesar de saber que hay niños gravemente enfermos, no ha actuado de oficio, como era su deber”.
De no haber pronto una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades, los pobladores no descartan acudir a instancias internacionales en busca de justicia.

Ley controvertida
La Ley General de Minería fue aprobada apresuradamente en 1999, siguiendo la estela de otros países de América Latina.

Como dice Pedro Landa, reconocido activista a favor de una minería limpia, la ley “responde a una iniciativa regional del BID [Banco Interamericano de Desarrollo] y la CEPAL [Comisión Económica para América Latina y el Caribe] consistente en reducir los impuestos y disminuir los controles ambientales para atraer la inversión”.

En el 2004 una serie de organizaciones de la sociedad civil redactaron consensualmente con instituciones del Estado un proyecto de ley que trataba de reconducir la extracción minera dentro de un marco de respeto al medio ambiente y a los derechos de los pobladores, que nunca llegó a aprobarse. Igual suerte corrió otra propuesta de ley, mucho más restrictiva para las compañías mineras, presentada dos años después por la Alianza Cívica por la Democracia (ACD).

En el 2007, la Corte Suprema declaró inconstitucionales 13 artículos de la Ley General de Minería, entre ellos los referidos a la exoneración de pagos de impuestos de las mineras y a la no necesidad de evaluación de impacto ambiental previo para otorgar la concesión, lo que ha sumido a la minería hondureña en un limbo jurídico. De ahí que está ley esté actualmente parcialmente vigente.

El año pasado, el diputado izquierdista Marvin Ponce volvió a impulsar en el Congreso un nuevo texto para la Ley General de Minería. Su contenido es similar al presentado por la ACD y supone, entre otras cosas, una actualización impositiva de la actividad minera.

Ponce subraya “que el subsuelo le corresponde al Estado”, por lo que la ley debe beneficiar fundamentalmente a la población hondureña.

El rechazo por parte de los empresarios locales a la propuesta del legislador ha sido frontal. “Definitivamente estamos en un 100% en contra del proyecto del diputado Ponce, quien quiere cerrar las oportunidades de trabajo a miles de hondureños que necesitan un empleo”, manifestó Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

Falta de consenso en sociedad civil
Lamentablemente, la actual polarización política y social tras el golpe no está permitiendo una articulación social que haga posible incidir políticamente para consensuar una ley aceptable por todos los sectores, que garantice la salud de los pobladores y estándares altos de respeto al medio ambiente, al tiempo que desarrolle los importantes recursos mineros con los que cuenta el país.

Algunos miembros de la sociedad civil, como Pedro Landa, integrante del Centro Hondureño para la Promoción y el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), creen que el texto presentado por la ACD es demasiado ambicioso para que pueda ser aprobado.

“Se ha perdido la perspectiva al buscar la bendición del Frente Nacional de Resistencia Popular [organización surgida contra el golpe de Estado del 2009 y que actualmente aglutina la oposición al actual gobierno] para cualquier tipo de lucha social”, dijo Landa a Noticias Aliadas. “Esto impide una articulación efectiva de la sociedad civil, mientras que del otro lado el poder del grupo empresarial es tan grande que la decisión ya está tomada”.

Mientras el impase se prolonga, los pobladores del valle de Siria confían en que su caso se resuelva y se haga justicia para las personas afectadas, repercutiendo asimismo en el contexto nacional.

“Debemos transmitir esto al resto de la población; nuestra lucha no termina aquí, queremos una nueva ley de minería”, insiste Escober.

Un dictamen de la Fiscalía favorable a los pobladores del valle de Siria, que impidiera a Goldcorp cerrar e irse tranquilamente de Honduras, obligándola en cambio a compensar a los afectados, sería probablemente un primer paso para evitar que Honduras, siglos después de ser un enclave minero colonial, vuelva a poner en manos extranjeras sus riquezas naturales. -Noticias Aliadas.

Pueblos de la Moskitia Hondureña se movilizan en defensa de su Territorio

El lunes 28 de marzo, mas de mil indígenas Miskitos, Tawahkas, Pech y Garífunas se movilizaron a Puerto Lempira con el propósito de reclamar la autonomía de la Moskitia; el derecho a la consulta previa, libre e informada; el cese inmediato de la construcción de las hidroeléctricas en el río Patuca, además del desalojo de la base estadounidense en la Laguna de Karataska.

La Moskitia pasó a ser parte en el año de 1861 del territorio de la república de Honduras, a través del tratado entre Gran Bretaña y Honduras denominado Wyke-Cruz; el que en su contenido aclaraba los derechos del pueblo Miskito sobre el territorio ancestral, sin que las diferentes administraciones republicanas a lo largo del siglo XIX y XX, hubieran tomado en consideración dicho tratado.

El saqueo sistemático de la Moskita es una muestra del colonialismo interno al que hemos estado sometidos los pueblos indígenas y negros de Honduras: Desde los recursos forestales a los costeros y marinos, pasando al abuso cometido por los manipulados frentes de colonización agrícola, el etnocido realizado con los buzos por parte de la flota pesquera industrial radicada en las islas de Bahía; son parte de los mecanismos de sometimiento que han utilizado para destruir una zona muy importante del planeta.

En los últimos años la fabricación de áreas protegidas por los organismos financieros internacionales, se ha convertido en una forma más de despojo. El territorio de la Moskitia carece de reconocimiento jurídico alguno, situación que es aprovechada por la elite de poder hondureña para continuar con la expropiación de territorios que consideran claves para sus proyectos extractivos y de agrocombustibles.

Una de las mayores preocupaciones que embarga a los pueblos de la Moskitia, es la construcción de las represas en el río Patuca, que destruirán el sistema hídrico costero, además de condenar a la desaparición al pueblo Tawahka.

A pesar de que Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, asi como el Convenio de Diversidad Biológica: no se respeta el derecho a la consulta previa libre e informada, que poseemos los pueblos indígenas, siendo esto una violación de la Convenio de Viena (1969), al ignorar el Pacta Sunt Servanda (lo pactado obliga), uno de los pilares del derecho internacional.

El golpe de estado del año 2009, destruyó el incipiente estado de derecho, acelerando el proceso de destrucción de la biosfera del río Plátano, e intensificándose la presencia de grupos foráneos que están desforestando a un ritmo muy rápido la biosfera; tanto para la ganadería, así como para la siembra en un futuro cercano de palma africana y caña de azúcar destinada al voraz mercado internacional de agrocombustibles,

Los reclamos de los pueblos de la moskitia que se vienen dando desde hace décadas han sido sepultados por los proyectos del Banco Mundial B.M., y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, quienes a través del Programa Nuestra Raíces y el DIPA, pretendieron neutralizar con migajas los reclamos históricos que se vienen efectuando.

Los pueblos de la Moskitia están iniciando un proceso de autodemarcación, para solventar la inercia del estado, y el incumplimiento de numerosos acuerdos. El proceso de desterritorialización ha sido amparado por la inexistencia de un titulo comunitario a favor de la Moskitia.

La instalación de una base militar estadounidense en la Laguna de Karataska, posterior al golpe de estado, con la supuesta excusa de frenar el narcotráfico, es parte de la ocupación militar que padece Centroamérica en el marco de la Iniciativa Mérida; los pueblos de la Moskitia nunca fueron consultados al respecto. Entendemos la problemática de la destrucción del tejido social que causa el flagelo de las drogas, pero al mismo tiempo, después de más tres décadas de la inútil guerra contra las drogas y los pocos resultados que surgieron del Plan Colombia, la Iniciativa Mérida no es más que una estrategia de dominación.

En la pasada Asamblea de los pueblos de la Tierra y el Mar, llevada a cabo en la comunidad Garifuna de San Juan Tela en el mes de febrero del presente año, los pueblos indígenas y negros del pais, en conjunto resolvimos apoyar de forma incondicional la lucha emprendida por los hermanos de la Moskitia en relación a la autonomía de su territorio y la suspemnsión inmediata de las hidroeelcéctrcias en rio Patuca y Sico.

Esperamos que el Estado-nación entienda esta autonomía como un llamado al respeto territorial y el derecho a la consulta, y no como una balkanización de Honduras en una ya desunida centroamerica.

Los pueblos indígenas y negros, estamos preparándonos para movilizarnos hacia la Moskitia en los próximos meses, para llevar a cabo una jornada de solidaridad y exigencia de la cancelación de la construcción de las Mega represas, que afectara el Rio Patuca y el sistema hídrico costero, generando consecuencias inimaginables para los pueblos Tawahkas, Miskito, Pech y Garifunas.

La Ceiba, Atlántida 30 de Marzo del 2011