
En Honduras, el gobierno canadiense está gastando el dinero recaudado de los impuestos de los ciudadanos canadienses para ayudar a establecer un marco legal favorable para las operaciones mineras canadienses, contra la voluntad de la sociedad civil hondureña, y al mismo tiempo permanecer en silencio sobre ataques desenfrenados y amenazas dirigidas en contra de la prensa y movimientos sociales. Estos esfuerzos, todos en nombre de la Responsabilidad Social Empresarial, alzan preguntas sobre el conflicto de interés de Canadá en asesorar a otro país sobre sus leyes mineras y exponen la política del gobierno canadiense hacia el sector extractivo en el extranjero como uno de conveniencia – no responsabilidad.
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